PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE:
Adherir a la Conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1º de Mayo y rendir
homenaje a la memoria de todas aquellas trabajadoras y trabajadores que lucharon por la
justicia social y la igualdad.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
El 7 de octubre de 1884, durante el IV Congreso de la Federación de Sindicatos
Organizados y Uniones Laborales de los EE.UU. y Canadá se aprobó una moción
presentada por Gabriel Edmonston por la que se resolvía que “la duración legal de la
jornada de trabajo desde el 1 de mayo de 1886 será de ocho horas” y recomendaba a las
organizaciones sindicales que trataran de hacer promulgar leyes de acuerdo con esta
resolución.
El 1 de mayo de 1886 no menos de 190.000 trabajadores realizaron una huelga en los
Estados Unidos por una jornada más corta, en tanto que otros 150.000 obtenían satisfacción
a sus demandas en ese sentido con la simple amenaza de paro. A fines de ese mismo mes
sectores patronales accedieron en acordar esa jornada legal a otros 50.000 obreros y antes
de que terminara el año, un total de 250.000 trabajadores gozaría de esa conquista. En
algunos lugares hubo represión policial y en Milwaukee, nueve muertos.
Las luchas se sucedieron hasta que el Congreso de la Internacional Socialista, reunido en
París el 14 de julio de 1889, resolvió, que “se organizara una gran manifestación
internacional con fecha fija de manera que, en todos los países y ciudades a la vez, el
mismo día convenido, los trabajadores intimen a los poderes públicos a reducir legalmente
a ocho horas la jornada de trabajo. Visto que una manifestación semejante ya había sido
decidida por la Federación del Trabajo Norteamericana (A.F.L.) para el 1° de mayo de
1890, en su congreso de 1888 en Saint Louis, se adopta esa fecha para la manifestación
internacional.
Han pasado más de 120 años desde aquellos días y hoy más que nunca resulta necesario
revalorizar el sentido histórico de la lucha de aquellos hombres.
Si analizamos la situación de la Argentina actual, encontramos que muchas de las
transformaciones económicas y sociales que fueron la impronta de las décadas de
hegemonía neoliberal en nuestro país, y que han tenido un devastador impacto en la vida de
los trabajadores y sus familias, aun no han sido desmontadas.
La inestabilidad, la informalidad y la precariedad se convirtieron desde entonces en la regla
que aun parece regir el mercado de trabajo. A pesar de los seis años de crecimiento
económico sostenido de la economía que nuestro país experimentó en el período 2003-
2009, se evidenció una seria dificultad para la creación de empleo genuino y digno.
La condición laboral ya no es hoy garantía para no caer en la pobreza, como lo evidencian
el crecimiento de los indicadores de pobreza e indigencia en los últimos tiempos.
El flagelo de la inflación, detrae permanentemente un porcentaje significativo del salario.
De allí que las distintas organizaciones gremiales no cesan en sus permanentes reclamos
por salarios que puedan recuperar su poder de compra. Es decir, salarios que admitan un
nivel de vida digna para el trabajador y su familia.
Miles de trabajadores organizados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)
continúan asimismo luchando por la libertad y la democracia sindical, por la libre elección
de los delegados y por el reconocimiento de la personería gremial de sus organizaciones de
acuerdo a los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y nuestros jubilados –la gran mayoría de los cuales cobra la mínima de 895 pesos continúan
esperando por una norma que plasme en la realidad ese justo reclamo por el 82%
del salario mínimo, vital y móvil que les devuelva la dignidad y les permita salir de la
pobreza.
En este contexto, la inserción por el trabajo debe seguir siendo la piedra angular de la lucha
contra la exclusión. Es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales
dirigidas a abordar integralmente el problema del empleo en nuestro país. Las políticas
macroeconómicas y las políticas sociales deben ser vistas como componentes de un
programa de mayor amplitud que implique un Estado activo en pos de alcanzar un
crecimiento económico inclusivo y reducir las desigualdades. En este sentido, entendemos
que la generación de empleo debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más
equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral, en la inversión en salarios y en
capacitación, y en una reforma previsional integral.
Se hace imprescindible ubicar la cuestión de la inequidad en el centro de los esfuerzos
públicos a fin de recrear una sociedad en donde exista la igualdad efectiva de las mujeres y
de los hombres en todos los dominios de la vida social y política, y en donde el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes sea un recorrido constante.
Conmemoramos esta fecha como un día de lucha, pero un día que también nos invita a
reflexionar en torno a cómo construir una sociedad distinta, con igualdad de oportunidades
y, como lo dijo Alfredo Lorenzo Palacios “con justicia social”.
Por las razones expuestas es que solicito al señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.
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